Sanidad Pública

Si la negligencia ha ocurrido en el marco de la sanidad pública (en ello se incluyen todos los hospitales de titularidad pública, los centros de especialidades, de recuperación, servicio de emergencias, etcétera) existen dos posibles vías para reclamar una indemnización.

Responsabilidad patrimonial.

En este caso el demandado es la Administración sanitaria cuya responsabilidad recaía el procedimiento médico. En España se trataría de aquellas administraciones bajo la tutela de cada Comunidad Autónoma las que serían demandadas como responsables de la negligencia. En ellas se incluye el SAS –Servicio Andaluz de Salud- o el CatSalut en Cataluña, por ejemplo. 

La demanda tiene por objetivo la reclamación de una reparación económica por los daños y los perjuicios ocasionados, ya sean de carácter moral, físico, psicológico o económico. Por ejemplo, sufrir una lesión consecuentemente de una negligencia médica puede suponer la pérdida de dinero del paciente tras su imposibilidad de reintegrarse a su trabajo habitual. Dicho daño económico debería ser reparado con una indemnización que cubra la totalidad del importe.

El plazo existente para hacer la reclamación de una negligencia por la vía de responsabilidad patrimonial es de 1 año. Eso quiere decir que el error médico deberá ser denunciado en un plazo anterior a un año desde la fecha en que sucedió.

Sin embargo, existen algunos casos cuyo plazo difiere. Por ejemplo, en caso de muerte del paciente, el año de plazo empezaría a partir de la defunción y no a partir de la fecha de la negligencia. Si el error causante de la muerte se ha cometido con anterioridad, el plazo empieza en la fecha de la muerte y no en la fecha de la negligencia previa. Lo mismo ocurre en caso de lesiones físicas. El plazo se considera empezado a partir de la estabilización de las secuelas y cuando se ha conocido de manera definitiva todo su alcance.

Como que la gestión de los plazos es de gran relevancia y, a la vez, de notoria complejidad, los expertos recomiendan que se consulte con un abogado especialista en negligencias que de soporte a la interpretación de las fechas y plazos.

Demanda contra la compañía aseguradora de la administración pública.

Según queda estipulado en la Ley del Contrato de Seguro, la víctima de una negligencia también puede recurrir a la acción directa contra la compañía aseguradora del Servicio de Salud público. 

En este caso, el procedimiento se dirige al seguro de responsabilidad civil que el Servicio de Salud tiene obligatoriamente y que responde ante este tipo de casos. Los plazos a los que está sujeto el procedimiento son los mismos de la reclamación por responsabilidad patrimonial. Sin embargo, tiene algunas ventajas que cabe valorar. 

Por un lado, el procedimiento es notoriamente más ágil. Este tipo de proceso tiene una duración aproximada de un año y medio mientras las demandas de responsabilidad patrimonial suelen requerir de tres o cuatro años. Por otro lado, también es importante conocer que el procedimiento contra la compañía aseguradora suele llevar a una mayor cantidad económica de reparación. Aunque en la mayoría de los casos la indemnización como tal no sea superior, la cantidad económica resultante será mayor porque los intereses de demora en la reparación son más grandes en una indemnización emitida por un seguro que los previstos en las indemnizaciones del Servicio de Sanidad público. De hecho, se han dado casos en los que los intereses de demora pagados por la entidad aseguradora son incluso mayores a la propia indemnización de reparo económico. 

En caso que se opte por uno de los procedimientos, el otro quedará naturalmente excluido y no se podrá recurrir a él con posteridad. Es por ello que resulta de gran relevancia acudir a un equipo especialista de abogados que te asesore personalizadamente sobre las distintas opciones y cuál es la mejor vía para tu caso particular.